Las III Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, celebradas los días 6 y 7 de noviembre, despertaron el interés de más de 500 personas, entidades sociales y administraciones públicas de toda España, que pudieron profundizar, durante dos intensas sesiones de trabajo, en esta potente herramienta para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad.

Red Anagos, organizó este encuentro, a través de su iniciativa Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, que cuenta con el apoyo de ADEICAN y EAPN Canarias y la financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Durante las jornadas se puso de manifiesto el enorme potencial y, a la vez, el escaso desarrollo que están teniendo en las islas las fórmulas de contratación pública reservada a empresas sociales a las que obliga la Disposición Cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, desde hace ya cinco años.

A día de hoy, solo 9 ayuntamientos (de un total de 88) y 3 cabildos (de siete) han reservado contratos con alguna empresa social (empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social), y el Gobierno de Canarias está aún lejos de cumplir con el 2% de reserva fijado en sus presupuestos anuales. Estas cifras indican que apenas un 14% de las administraciones locales canarias reserva licitaciones o lotes de contratos a empresas sociales.

Así lo muestran los resultados preliminares del I Informe de Situación de Contratación Pública Responsable de Canarias, elaborado por el Observatorio, y que puso de manifiesto la presidenta de Red Anagos, Alicia Silva, durante la inauguración de estas jornadas, en las que personas expertas de las administraciones, las empresas sociales, el ámbito académico y el jurídico abordaron las oportunidades para dar el necesario impulso a la compra pública responsable en Canarias.

La inauguración contó con la participación del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil; la presidenta de la Red Anagos, Alicia Silva; la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), Eugenia de León, y el presidente de Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN Canarias), Juan Carlos Lorenzo.

Un gasto público de 780.000 euros frente a 60 millones potenciales

El informe presentado revela también un gasto público de 3,9 millones de euros en estos cinco años entre todas las administraciones y entidades públicas de Canarias, con un total de 39 contratos reservados y efectivamente adjudicados. Esta cifra se traduciría en una inversión media anual de 780.000 euros, que quedan aún muy lejos de los 60 millones de euros que se ha estimado que en el archipiélago se podría alcanzar si se desplegara todo el potencial que tiene la reserva de contratos a empresas sociales.

Durante las jornadas se abordaron también los importantes retos que afrontan las Empresas Sociales, como la diversificación de los servicios que prestan y de los productos que ofrecen para poder aprovechar todo el potencial que ofrece la reserva de contratos establecida en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y, a la vez, ser más competitivas en su relación con el sector privado.

Tradicionalmente se asocia a estas empresas con la prestación de servicios de mantenimiento, jardinería o limpieza, pero son muchos los ámbitos en los que pueden ofrecer su trabajo y, de hecho, ya lo ofrecen, lo que permite ampliar el número de empresas sociales y, en consecuencia, las oportunidades de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad, a través del empleo.

La importancia de fortalecer los nexos y la comunicación entre los servicios públicos de contratación y las empresas sociales ha sido una de las cuestiones en las que más se ha incidido durante estas jornadas. Se echa en falta información clara y actualizada de los productos y servicios que ofrecen estas empresas y de su capacidad para ofertarlos a la administración a través de la figura de la reserva de contratos o lotes de contratos u otras herramientas de la Contratación Pública Responsable (inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones, contratos menores).

Repercusión económica y social

En este encuentro se presentó también un informe sobre la repercusión socioeconómica de las empresas de inserción en Canarias y en España. Las empresas de inserción tienen el objetivo de promover la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo; solo pueden ser promovidas por entidades sin ánimo de lucro y ofrecen un empleo durante un período de tiempo limitado a un máximo de 3 años. En Canarias, el año pasado las empresas de inserción generaron al menos 605 puestos de trabajo, según los datos del propio sector.

El retorno económico y social de los empleos en estas empresas está cuantificado en 7.300 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa, en concepto de Seguridad Social o rentas de inserción que se dejan de percibir. En Canarias, con una facturación superior a los 7,5 millones de euros, su principal fuente de ingresos son clientes del sector privado, con 4,6 millones sobre 2,8 del sector público.

Un programa intenso y dinámico

Estas III Jornadas han contado con la participación de Concepción Campos Acuña, experta en gestión pública, que habló sobre La integridad como eje de la Contratación Pública Responsable en la gestión de los Fondos Next Generation EU. Además, Jaime Gómez-Obregón, ingeniero activista en favor de la transparencia política en la contratación del sector público, intervino para relatar las dificultades con las que se encuentra la ciudadanía en general a la hora de relacionarse con las administraciones públicas y las carencias que existen en materia de transparencia, entre otros asuntos.

Por su parte, Laura Melián, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULL, abordó en su ponencia los derechos laborales en la contratación pública responsable. La nueva Ley de Residuos y la obligación de reserva de contratos a Empresas Sociales fue el objeto de la ponencia que compartieron Carmen Aja, directora de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) y Felipe Hernández. Coordinador del Departamento Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral de Ataretaco.

Asimismo, se organizaron dos talleres en los que se trabajó sobre las claves para introducir de manera eficaz condiciones especiales de ejecución en los pliegos de contratación, a cargo de Javier Mendoza, profesor de Economía de la ULL y experto en Compra Pública Responsable; y sobre la forma efectiva de concurrir a licitaciones públicas, dirigido por Juan Carlos García, abogado especialista en contratación pública y socio del despacho Melián Abogados.

Las Jornadas de Contratación Pública Responsable se consolidan en su tercera edición, con más de 500 personas inscritas, como punto de encuentro para compartir experiencias, conocer más en profundidad a las empresas sociales y evaluar también los pasos que se van dando para avanzar en esta materia. El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias prevé celebrar en Gran Canaria el próximo encuentro.