El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tiene en vilo a más de un millón y medio de hogares vulnerabilizados de todo el Estado. El próximo 30 de junio finalizará la vigencia de las principales medidas de protección frente a la pobreza energética y el Gobierno no ha ofrecido ninguna pista sobre si dichas medidas se mantendrán a partir de entonces.
La principal medida en peligro es la prohibición de cortes de electricidad, gas y agua a hogares beneficiarios del bono social eléctrico en caso de impago. Los últimos datos de abril de 2024 muestran que 1.661.109 hogares se encuentran bajo el paraguas de este mecanismo de descuentos y, por tanto, quedarían expuestos al corte si se produce el impago. No obstante, cabe destacar que todos aquellos hogares con menores de 16 años, personas con discapacidad o dependientes seguirían protegidas.
En segundo lugar, si el Gobierno no decide lo contrario, los descuentos ampliados del bono social (ahora, del 80 y del 65%, según la categoría) también perderían su vigencia y se regresaría a los porcentajes anteriores (del 40 y del 25% respectivamente). Dicho cambio, sumado a la subida del IVA de la factura eléctrica, incrementaría sobremanera el precio del recibo de todos los hogares beneficiarios y podría generar un aumento generalizado de los impagos. Por último, el 30 de junio también acabaría el acceso al llamado bono de justicia energética, un descuento del 40% para hogares trabajadores con ingresos bajos.
Muchas de las medidas en juego están vigentes desde el año 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Otras se impulsaron dos años más tarde, a raíz de la crisis de precios de la energía. Hasta la fecha, el Gobierno ha ido prorrogando los diferentes mecanismos con periodicidad anual o semestral, siempre impulsando las prórrogas en los días previos al fin de su vigencia, decisión que genera una enorme inseguridad y angustia a todos los hogares que dependen de ellas. En este sentido, la Unión Europea, a través de la última reforma del mercado común de la electricidad, estableció la obligación para los estados miembros de proteger adecuadamente los hogares vulnerabilizados frente a las desconexiones.
Los indicadores de pobreza energética estatales siguen aumentando y ya son un 20,7% los hogares que declaran no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno (9,1% en 2018).
Ante este escenario de incertidumbre, Unión Renovables junto a cooperativas energéticas y más de veinte organizaciones de todo el Estado, que trabajamos para la erradicación de la pobreza energética en nuestras ciudades y pueblos, reclamamos cuanto antes iniciativas legislativas que permitan pasar definitivamente de una situación coyuntural al reconocimiento de derechos ciudadanos:
Consolidar la prohibición de cortes de electricidad, gas y agua a hogares vulnerabilizados.
Mantener los porcentajes ampliados del bono social eléctrico (80 y 65%).
Mantener el acceso al bono social de justicia energética.
Rebajar el IVA de la factura eléctrica de todos los hogares acogidos al bono social eléctrico, y no solo a aquellos que acceden al mismo con la categoría de vulnerable severo.
Resolver la cuestión de la deuda acumulada.
FIRMANTES
Sindicato de Inquilinas de Madrid
Aliança contra la Pobresa Energètica
Associació Internacional d’Enginyeria Sense Fronteres
AeioLuz. Evolución Energética
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Asociación Socaire
Diecisiete SCA
Intiam Ruai
Ecodes
Unión Renovables
Ecologistas en Acción
Plataforma Aigua és Vida
Federación de consumidores y usuarios CECU
Xarxa per la sobirania energètica
Fundación Renovables
Goiener Taldea
Torreblanca Ilumina, comunidad ciudadana de energía y aprendizaje.
Energía Bonita
La Palma Renovable
Red Agua Pública
Asociación Ecoserveis
Coordinadora de Vivienda de Madrid
Amigos de la Tierra