La red confederal, que aglutina a 985 entidades y empresas en las que participan más de 50.000 personas, acumula ya 25 años de andadura desarrollando las finanzas éticas, las energías renovables, el comercio justo, la recuperación y reutilización de residuos, la inserción laboral, el consumo de alimentación ecológica, los seguros éticos, la comunicación transformadora, la vivienda cooperativa en cesión de uso, los supermercados cooperativos o los cuidados, por citar algunos de los sectores clave.
La acción pública decidida a favor del desarrollo económico sostenible, inclusivo y solidario, desde su planteamiento, debe concretarse, primero, en la aprobación de una Ley Integral de Economía Social que incluya a las cooperativas de energía y las cooperativas de vivienda en cesión de uso, excluya a aquellos centros especiales de empleo que no respondan a la iniciativa social; y establezca que las entidades promotoras de empresas de inserción no tengan ánimo de lucro y que el 100% de los beneficios se tengan que reinvertir.
Además, propone la inclusión de un articulado específico para el reconocimiento y regulación del Comercio Justo basado en la necesidad de su protección frente a otras prácticas comerciales.
El segundo compromiso que reclaman a las Administraciones públicas es la aplicación mejorada de los criterios y herramientas de compra pública responsable que permite la Ley de contratos del sector público 9/2017 a través de la implantación de cláusulas sociales y ambientales y de reservas de mercado.
También reclama, en tercer lugar, el desarrollo reglamentario de la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Por último, entiende esta red de redes que resulta necesario promover la participación de la Economía Social y Solidaria, especialmente las cooperativas sin ánimo de lucro y los espacios asociativos comunitarios, en la gestión de servicios públicos de atención a personas, evitando su mercantilización.
Las 33 medidas que han trasladado a las candidaturas se organizan en 13 ejes entre los que cabe destacar la organización social de los cuidados que asegure el derecho de todas las personas desde la corresponsabilidad; la soberanía alimentaria y agroecología; el emprendizaje social y colectivo; las finanzas éticas; la promoción y salvaguarda de los bienes comunes; y la innovación y el desarrollo local.