Desde REAS y sus redes territoriales y sectoriales ponemos en valor la participación activa en este proceso a través de nuestra implicación en CEPES, contribuyendo al diálogo y a la construcción colectiva de una norma que refleja gran parte de las demandas y propuestas del conjunto de la Economía Social.
Avances en el reconocimiento a sectores estratégicos
La ley incorpora avances significativos que reconocen y refuerzan el papel de sectores estratégicos de la Economía Social y Solidaria (ESS), que llevan años dando respuesta a necesidades sociales de forma innovadora y transformadora.
Entre las principales novedades desde REAS destacamos:
- El impulso a modelos de vivienda cooperativa, que están facilitando el acceso a una vivienda digna desde fórmulas no especulativas.
- El reconocimiento de las comunidades energéticas y otras iniciativas de transición ecológica justa, que democratizan el acceso y la gestión de la energía.
- El fortalecimiento del comercio justo, como herramienta clave para garantizar relaciones comerciales más equitativas a nivel global.
- El respaldo a las empresas de inserción, fundamentales para la inclusión sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión.
Estos ámbitos representan algunos de los pilares desde los que la ESS viene construyendo alternativas reales, sostenibles y replicables frente a los desafíos sociales, económicos y ecológicos actuales.
Desde REAS señalamos: «La aprobación de esta ley supone un reconocimiento al trabajo colectivo de miles de iniciativas que, desde hace décadas, demuestran que otra economía es posible. Es un paso importante para consolidar un marco que impulse prácticas económicas más democráticas, inclusivas y sostenibles. No partimos de cero: esta ley recoge la experiencia viva de este modelo económico nuestro territorio.»
Reconocimiento del comercio justo
La nueva Ley Integral de Economía Social reconoce explícitamente el Comercio Justo como parte de este sector y lo impulsa como una fórmula innovadora. Además, insta a los poderes públicos a promoverlo como un ámbito estratégico para una transición socioecológica justa. La ley también define las entidades de Comercio Justo como aquellas que buscan mayor equidad, sostenibilidad y transparencia, garantizando condiciones dignas para productores y respeto al medio ambiente.
Empresas de inserción como herramienta clave de inclusión sociolaboral.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es la modificación de la ley de empresas de inserción, que refuerza este modelo como herramienta clave de inclusión sociolaboral. La norma actualiza y amplía las situaciones de exclusión social, incorporando nuevos perfiles como las personas procedentes de procesos de regularización con especiales dificultades de acceso al empleo, adaptándose así a la realidad social actual.
Asimismo, la ley blinda la naturaleza social de las empresas de inserción, garantizando su coherencia y seguridad jurídica. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- La participación del 100% del capital por parte de entidades promotoras sin ánimo de lucro.
- La obligación de reinvertir la totalidad de los excedentes en la propia actividad.
- La exigencia de experiencia acreditada en el ámbito de la vulnerabilidad para las entidades promotoras, evitando la entrada de estructuras con ánimo de lucro que puedan desvirtuar su finalidad social.
Además, la ley define con mayor precisión el ámbito de la Economía Social, incorporando exclusvamente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), reforzando su papel dentro del ecosistema de la economía social y su contribución a la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad.
Reconocimiento y refuerzo a la vivienda cooperativa en cesión de uso
Uno de los elementos más relevantes de la ley es el reconocimiento explícito de las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso como cooperativas especialmente protegidas, a efectos fiscales y normativos.
Por primera vez, la legislación estatal reconoce explícitamente la vivienda cooperativa en cesión de uso, la protege fiscalmente y la sitúa como una herramienta legítima para garantizar el derecho a la vivienda desde la Economía Social.
La ley define de manera clara los requisitos que caracterizan este modelo, alineándolo con los principios que desde hace años defiende la Red de Vivienda Cooperativa desde la Economía Social y Solidaria:
- la adjudicación de la vivienda debe realizarse en régimen de uso,
- la relación entre la cooperativa y la persona socia debe ser una relación societaria, y no un contrato de alquiler,
- no puede adjudicarse la propiedad ni ningún derecho real sobre la vivienda a las personas socias,
- la cooperativa debe carecer de ánimo de lucro y proveer la vivienda a precio de coste.
Este reconocimiento diferencia de forma nítida la vivienda cooperativa en cesión de uso de otros modelos de cooperativa de vivienda orientados a la promoción y transmisión en propiedad.
Un paso adelante que abre nuevos caminos
Si bien REAS valora positivamente el alcance de la norma, también subraya la importancia de seguir avanzando en el desarrollo de políticas públicas más ambiciosas que profundicen en el modelo de la ESS.
En este sentido, la organización coincide con otras entidades del sector en la necesidad de:
- Garantizar una implementación efectiva de la ley con recursos suficientes.
- Profundizar en el reconocimiento específico de la Economía Social y Solidaria dentro del marco más amplio de la Economía Social.
- Seguir fortaleciendo la participación del sector en el diseño y coproducción de políticas públicas.
Para REAS, esta ley debe entenderse como un paso más dentro de un proceso más amplio de transformación económica y social, en el que la ESS juega un papel clave como motor de innovación social, cohesión territorial y transición ecosocial.